Ley de Semillas

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Ley de Semillas

Respetan el cobro de regalías pero con un sólo pago sobre la bolsa de semillas. El obtentor no tiene “ningún derecho” sobre los granos y subproductos. El Estado será el único certificador.

Los ex presidentes de las entidades que conformaron la Comisión de Enlace del 2008, Carlos Garetto por Coninagro, Mario Llambías por Confederaciones Rurales; Eduardo Buzzi por Federación Agraria; y Luciano Miguens y Hugo Luis Biolcati por la Sociedad Rural se unieron nuevamente para expresar su posición frente a la Ley de Semillas. El proyecto, que se encuentra en plena discusión legislativa, busca la modificación de la ley del año 1973.

En el documento publicado por el diario La Nación, los ex titulares de las asociaciones expresaron su posición como un aporte a la búsqueda de condiciones mínimas para una legislación moderna, que proteja los derechos de quienes invierten su capital y su conocimiento para el progreso tecnológico, y a la vez no desproteja a los usuarios, en su gran mayoría pequeños y medianos productores”.

Consideraron que el contenido de la ley “debe tender a incentivar a las empresas para ofrecer al mercado semillas potencialmente mejores que al ser adoptadas por el productor generen una mayor y más eficiente producción.

Además, “la ley deberá reconocer expresamente el derecho de los obtentores a cobrar un canon razonable por la investigación y tecnología incorporada en las semillas en el momento de su venta”, indicó el reporte.

Semilla, grano y uso gratuito

Otra cuestión importante que destacaron es que “los derechos del obtentor son exclusivos sobre las semillas es decir que ningún derecho subsiste sobre los granos y sus subproductos producidos con esas semillas”.

El documento indicó que se debe mantener un uso propio gratuito, “limitado a la misma cantidad de semilla comprada”, para preservar los derechos del agricultor y “evitar el monopolio de las empresas semilleras, en las que se vislumbra una tendencia a la concentración cada vez mayor”.

También propusieron que “la multiplicación de semillas con destino a mayor superficie de siembra pague un canon previamente determinado, vinculado razonablemente al cobrado en la venta de la semilla original”.

En el escrito,se planteó que la ley de semillas debe ser declarada de orden público, donde “el Estado es el único certificador de nuestros granos y subproductos, tanto en el orden interno como en el externo”.

En este contexto, los exdirigentes indicaron que “el germoplasma y todos los eventos que se le agregan se pagaran íntegramente en la semilla”. Y agregaron: “Será el único concepto por el cual se compensara la investigación, el desarrollo y la propiedad intelectual de la semillas y sus componentes”.

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